Por RE: Alexis Oliva / prensared - Tuesday, Jun. 24, 2008 at 9:47 PM
Córdoba -Juicio a campesinos
Condenados y sin su tierra
La Justicia Penal de Cruz del Eje condenó hoy a seis meses de prisión condicional por “usurpación” a ocho pobladores de la localidad de El Chacho, a pesar de que la Fiscal había pedido el sobreseimiento. En el fallo, el juez Ricardo Py dispuso también “restituir” el campo al empresario Martín Buttie.
2008-06-24
Por Alexis Oliva – Prensared
En las caras de los imputados y sus allegados había semblantes calmos y gestos esperanzados, durante el breve cuarto intermedio previo a la sentencia. Las alternativas del juicio oral, pero especialmente el contenido de los alegatos en la última audiencia, parecían indicar que serían declarados inocentes. Sobre todo el pedido de sobreseimiento por parte de la fiscal de Cámara, Ahidé Gersicich, luego de desestimar todos los posibles fundamentos del delito de usurpación previstos en el artículo 181 del Código Penal. También pesaba el antecedente de un fallo civil, dictado por el juez Rogelio Archilla, que les reconoce el derecho a la posesión del campo que defendieron aquel 4 de septiembre de 2004.
Pero la calma y la esperanza mutaron en estupor e indignación con la lectura del fallo con el que el juez Ricardo Py dispuso declarar a Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Roque Teótimo Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santo Ernesto Fernández, Tomás Cornelio Silva, Martha Agustina Silva y Prudencio Ricardo Navarrete “culpables del delito de usurpación” y “aplicar para su tratamiento la pena de seis meses de prisión en forma de ejecución condicional y con costas”. La tensión en la sala se acentuó al escucharse la segunda resolución: “Ordenar la restitución del inmueble objeto de la presente (...) a Martín Rodolfo Buttie”.
Veinte minutos antes, varios acusados habían usado su derecho a declarar para resaltar que no son delincuentes, que son gente de trabajo y que sin su campo no pueden vivir, para finalmente pedir justicia “por nuestro futuro y el de nuestros hijos”.
Al comienzo de la jornada, la fiscal Gersicich había destacado, en un breve y terminante alegato, que cuando los campesinos recuperaron el campo no hubo violencia contra las personas ni las cosas, ni amenazas, ni engaño, ni abuso de confianza, ni clandestinidad, y que no se expulsó a Buttie, a su socio Carlos Alberto Ortiz, o a su empleado Julio Rodríguez. “Este hecho no es típico” de la figura penal contenida en la acusación, consideró. Por lo tanto, la funcionaria entendió que sólo restaba dirimir la posesión del campo, que “es un tema civil”, y pidió la absolución.
Ante esta opinión, el abogado querellante Carlos Segura apenas intentó invocar una “intimidación” al peón de Buttié, cuando los imputados le dijeron que no podía entrar al campo y “no sintió miedo porque eran sus amigos”, para luego defender el derecho de su cliente. Para eso cuestionó un testigo propuesto por la misma parte querellante, Juan Carlos Ronco -yerno y heredero del terrateniente Cecilio Senar- quien había desmentido que Buttie y sus socios compraron el campo La Novena Acción, que “nunca fue de Senar”. “Por alguna razón mintió”, acusó el doctor Segura al testigo. Luego rechazó los derechos de la contraparte, resaltando que “hay 40 familias en El Chacho y sólo tres se creen poseedoras”. “No se trata de despojarlos de la tierra, ni de meter presos a delincuentes comunes, pero no se puede ir en contra de la propiedad privada”, alegó. Finalmente, argumentó que los acusados actuaron con “dolo”, “abuso de confianza” y “mal asesorados por alguien que les metió en la cabeza que se podían quedar con lo que no era de ellos”, para pedir un año de prisión para Roque Farías -“por su peligrosidad y por ser el cabecilla”- y seis meses para el resto de los acusados.
Al turno de la defensa, la abogada Mariana Romano coincidió con la fiscal y profundizó en la no acreditación de los hechos que prevé la figura de usurpación, señalando las reiteradas contradicciones en los testimonios de la acusación. Frente a la falencia testimonial, destacó pruebas documentales, como -entre otras- las conclusiones de la inspección ocular en el campo y un dictamen del área legal de la Agencia Córdoba Ambiente donde rechaza un pedido de Buttie relacionado con el campo en litigio, por considerar “insuficientemente acreditada” su posesión. “Es grave que estemos en un juicio penal tratando de determinar quién tiene la posesión civil. Es lamentable que cada seis meses haya juicios penales por dudas sobre los poseedores ancestrales”, reprochó Romano. Finalmente, cargó contra quienes “se aprovechan de la desigualdad social para apropiarse de campos”.
Por su parte, el otro defensor, Ramiro Fresneda, manifestó que “el bien jurídico que se debe proteger es el uso y goce pacífico del inmueble” y en este sentido señaló que el querellante “no pudo demostrar ni una acción posesoria”, mientras que sus defendidos acreditaron su “posesión histórica”, “mejoras ostensibles” y la tenencia de “más de cien animales de gran porte”. También destacó que el testigo Ronco “dio por tierra” con la versión del empresario al reconocer que “no conoce la Novena Acción”. El abogado conjeturó que Buttié “no fue por la vía civil, porque tendría una obvia derrota” y por eso generó “un problema de magnitud al denunciar penalmente a habitantes históricos que nunca tuvieron problemas con la ley”. “En su soberbia inusitada, Ronco y Ortiz creyeron que al llegar ellos empezaba la historia productiva y de vida de El Chacho, siendo que los abuelos de los imputados ya tenían animales”, acusó Fresneda. También marcó las contradicciones de la Instrucción, llevada adelante por el polémico fiscal Raúl Casado, “que por suerte ha sido desplazado”. “El señor fiscal de Instrucción fue temerario al decir que Buttie tenía la posesión y la propiedad y ni siquiera tenía probabilidad para elevar la causa a juicio”, con lo que “puso en tela de juicio la honradez de los acusados”, denunció. “Nunca se sacarán de encima la estigmatización de estar sentados en el banquillo de los acusados”, lamentó Fresneda, antes de solicitar que se investigue el posible delito de falso testimonio por parte de Buttie, con el consecuente “daño moral y material” a los acusados, para quienes pidió lo que a esa altura parecía obvio: absolución de culpa y cargo.
Nada de esto sirvió para apartar al juez del libreto escrito por el cuestionado fiscal de Instrucción Casado, quien carpetas psiquiátricas mediante todavía pospone el rendir cuentas ante el Jury de Enjuiciamiento. Como si el juicio oral no hubiera existido, aquel texto acusatorio parece haber gravitado más que cualquier otro elemento en el fallo de Py. Se sabrá el 21 de julio próximo, a las 12,30, cuando se den a conocer los fundamentos de la sentencia. Mientras tanto, eso que tintinea por estos días en los medios masivos nacionales como “criminalización de la protesta y las luchas sociales” ha recobrado en los Tribunales de Cruz del Eje el contenido que siempre tuvo.
http://www.prensared.com.ar/
Córdoba -Juicio a campesinos
Condenados y sin su tierra
La Justicia Penal de Cruz del Eje condenó hoy a seis meses de prisión condicional por “usurpación” a ocho pobladores de la localidad de El Chacho, a pesar de que la Fiscal había pedido el sobreseimiento. En el fallo, el juez Ricardo Py dispuso también “restituir” el campo al empresario Martín Buttie.
2008-06-24
Por Alexis Oliva – Prensared
En las caras de los imputados y sus allegados había semblantes calmos y gestos esperanzados, durante el breve cuarto intermedio previo a la sentencia. Las alternativas del juicio oral, pero especialmente el contenido de los alegatos en la última audiencia, parecían indicar que serían declarados inocentes. Sobre todo el pedido de sobreseimiento por parte de la fiscal de Cámara, Ahidé Gersicich, luego de desestimar todos los posibles fundamentos del delito de usurpación previstos en el artículo 181 del Código Penal. También pesaba el antecedente de un fallo civil, dictado por el juez Rogelio Archilla, que les reconoce el derecho a la posesión del campo que defendieron aquel 4 de septiembre de 2004.
Pero la calma y la esperanza mutaron en estupor e indignación con la lectura del fallo con el que el juez Ricardo Py dispuso declarar a Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Roque Teótimo Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santo Ernesto Fernández, Tomás Cornelio Silva, Martha Agustina Silva y Prudencio Ricardo Navarrete “culpables del delito de usurpación” y “aplicar para su tratamiento la pena de seis meses de prisión en forma de ejecución condicional y con costas”. La tensión en la sala se acentuó al escucharse la segunda resolución: “Ordenar la restitución del inmueble objeto de la presente (...) a Martín Rodolfo Buttie”.
Veinte minutos antes, varios acusados habían usado su derecho a declarar para resaltar que no son delincuentes, que son gente de trabajo y que sin su campo no pueden vivir, para finalmente pedir justicia “por nuestro futuro y el de nuestros hijos”.
Al comienzo de la jornada, la fiscal Gersicich había destacado, en un breve y terminante alegato, que cuando los campesinos recuperaron el campo no hubo violencia contra las personas ni las cosas, ni amenazas, ni engaño, ni abuso de confianza, ni clandestinidad, y que no se expulsó a Buttie, a su socio Carlos Alberto Ortiz, o a su empleado Julio Rodríguez. “Este hecho no es típico” de la figura penal contenida en la acusación, consideró. Por lo tanto, la funcionaria entendió que sólo restaba dirimir la posesión del campo, que “es un tema civil”, y pidió la absolución.
Ante esta opinión, el abogado querellante Carlos Segura apenas intentó invocar una “intimidación” al peón de Buttié, cuando los imputados le dijeron que no podía entrar al campo y “no sintió miedo porque eran sus amigos”, para luego defender el derecho de su cliente. Para eso cuestionó un testigo propuesto por la misma parte querellante, Juan Carlos Ronco -yerno y heredero del terrateniente Cecilio Senar- quien había desmentido que Buttie y sus socios compraron el campo La Novena Acción, que “nunca fue de Senar”. “Por alguna razón mintió”, acusó el doctor Segura al testigo. Luego rechazó los derechos de la contraparte, resaltando que “hay 40 familias en El Chacho y sólo tres se creen poseedoras”. “No se trata de despojarlos de la tierra, ni de meter presos a delincuentes comunes, pero no se puede ir en contra de la propiedad privada”, alegó. Finalmente, argumentó que los acusados actuaron con “dolo”, “abuso de confianza” y “mal asesorados por alguien que les metió en la cabeza que se podían quedar con lo que no era de ellos”, para pedir un año de prisión para Roque Farías -“por su peligrosidad y por ser el cabecilla”- y seis meses para el resto de los acusados.
Al turno de la defensa, la abogada Mariana Romano coincidió con la fiscal y profundizó en la no acreditación de los hechos que prevé la figura de usurpación, señalando las reiteradas contradicciones en los testimonios de la acusación. Frente a la falencia testimonial, destacó pruebas documentales, como -entre otras- las conclusiones de la inspección ocular en el campo y un dictamen del área legal de la Agencia Córdoba Ambiente donde rechaza un pedido de Buttie relacionado con el campo en litigio, por considerar “insuficientemente acreditada” su posesión. “Es grave que estemos en un juicio penal tratando de determinar quién tiene la posesión civil. Es lamentable que cada seis meses haya juicios penales por dudas sobre los poseedores ancestrales”, reprochó Romano. Finalmente, cargó contra quienes “se aprovechan de la desigualdad social para apropiarse de campos”.
Por su parte, el otro defensor, Ramiro Fresneda, manifestó que “el bien jurídico que se debe proteger es el uso y goce pacífico del inmueble” y en este sentido señaló que el querellante “no pudo demostrar ni una acción posesoria”, mientras que sus defendidos acreditaron su “posesión histórica”, “mejoras ostensibles” y la tenencia de “más de cien animales de gran porte”. También destacó que el testigo Ronco “dio por tierra” con la versión del empresario al reconocer que “no conoce la Novena Acción”. El abogado conjeturó que Buttié “no fue por la vía civil, porque tendría una obvia derrota” y por eso generó “un problema de magnitud al denunciar penalmente a habitantes históricos que nunca tuvieron problemas con la ley”. “En su soberbia inusitada, Ronco y Ortiz creyeron que al llegar ellos empezaba la historia productiva y de vida de El Chacho, siendo que los abuelos de los imputados ya tenían animales”, acusó Fresneda. También marcó las contradicciones de la Instrucción, llevada adelante por el polémico fiscal Raúl Casado, “que por suerte ha sido desplazado”. “El señor fiscal de Instrucción fue temerario al decir que Buttie tenía la posesión y la propiedad y ni siquiera tenía probabilidad para elevar la causa a juicio”, con lo que “puso en tela de juicio la honradez de los acusados”, denunció. “Nunca se sacarán de encima la estigmatización de estar sentados en el banquillo de los acusados”, lamentó Fresneda, antes de solicitar que se investigue el posible delito de falso testimonio por parte de Buttie, con el consecuente “daño moral y material” a los acusados, para quienes pidió lo que a esa altura parecía obvio: absolución de culpa y cargo.
Nada de esto sirvió para apartar al juez del libreto escrito por el cuestionado fiscal de Instrucción Casado, quien carpetas psiquiátricas mediante todavía pospone el rendir cuentas ante el Jury de Enjuiciamiento. Como si el juicio oral no hubiera existido, aquel texto acusatorio parece haber gravitado más que cualquier otro elemento en el fallo de Py. Se sabrá el 21 de julio próximo, a las 12,30, cuando se den a conocer los fundamentos de la sentencia. Mientras tanto, eso que tintinea por estos días en los medios masivos nacionales como “criminalización de la protesta y las luchas sociales” ha recobrado en los Tribunales de Cruz del Eje el contenido que siempre tuvo.
http://www.prensared.com.ar/
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